pagas extras

Como bien es sabido, en los últimos tiempos el Gobierno español y el de la Generalitat están en una etapa de fuertes recortes. Uno de los recortes que se hicieron en el pasado año fue la supresión de la paga extra de Navidad a los trabajadores públicos. Cuestión que se aplicó hace unos meses pero que ahora toma de nuevo actualidad, ya que también se ha decidido la supresión de la próxima extra de Verano.


Desde Units per Olesa estamos en contra de estas decisiones. No creemos que sea justo recortar el sueldo de los trabajadores de este modo, además en el caso de Olesa, que es el que nos ocupa, resulta más injusto, ya que la situación económica del ayuntamiento es buena. Es totalmente inaceptable que se tenga que retirar el sueldo a unos trabajadores cuando el ayuntamiento está saneado económicamente.

Recordemos que el gobierno español mediante la ley 20/2012 de 13 de julio, decidió que no se pagase la extra de Navidad a todos los trabajadores públicos. Además de no hacerse este pago, los ayuntamientos no podían llevar a cabo ninguna maniobra para recompensar a los trabajadores por esta pérdida de ingresos. Y aquí es donde está el quid de la cuestión.

Repasemos lo que ha sucedido desde entonces:

En octubre se presentaron dos mociones en el ayuntamiento, por parte de ERC y de CIU, en ambas mociones se proponía que los políticos también renunciaran a su extra o a su catorceava parte de sueldo y que este dinero, si era posible, se donara a los trabajadores. Estas mociones fueron aprobadas por unanimidad. Cabe recordar que la ley nada decía de los sueldos de los políticos, algo incomprensible, porque si hay que recortar a los trabajadores públicos lo lógico es que se incluya a los políticos.

Tras la aprobación de las mociones y tras el trabajo de la secretaria, en la Junta de portavoces de enero, el equipo de gobierno propuso un listado de los trabajadores con sus sueldos y un reparto del dinero de los políticos en función de la dedicación de cada cual. La forma de hacer el pago era la siguiente. Los políticos cobrábamos de forma normal y después llevábamos nuestra catorceava parte en metálico al ayuntamiento. Una vez recaudado todo este dinero, se repartía entre los trabajadores. Evidentemente todo esto, quedaba fuera de la contabilidad oficial, ya que no podía hacerse oficial. Recordemos que la ley impide cualquier maniobra que conlleve pagar a los trabajadores para intentar esquivar el decreto ley. CIU y UPO dijimos que nos parecía una forma incorrecta de proceder y que se prestaba a muchas malas interpretaciones.

Como es conocido, en el pleno de enero, CIU presentó una moción para dejar sin efecto las mociones aprobadas en octubre. La argumentación de CIU era que, ya que no podía pagarse de forma normal, era preferible no mantener algo que era "ilegal". UPO se sumó a la moción y dijo que ya que no se podía dedicar ese dinero a los trabajadores, que los políticos renunciaran igualmente a su parte y que ese dinero fuera dedicado a alguna partida de servicios sociales. Algo parecido a lo que se hace con el dinero que renuncia a cobrar el regidor de ERC. Esa moción fue rechazada.

Una semana después, fuimos convocados a una esperpéntica reunión por parte del alcalde. La reunión fue convocada por el alcalde, aunque daba la impresión de que se hacía a instancia de los trabajadores, pero no. Al llegar, los trabajadores se sentaron en la zona de público de la sala de pleno y los regidores en nuestros asientos habituales. El alcalde tomó la palabra, con micrófono incluido, y explicó que el equipo de gobierno viendo las posibles irregularidades que podía tener este pago a los trabajadores y para evitar complicaciones futuras, habían decidido que el dinero al que renunciaban los políticos fuese destinado a una partida de nueva creación dedicada a fines sociales. Vamos lo que había propuesto UPO. Esta información la recibíamos al mismo tiempo los trabajadores y los regidores de la oposición. Aunque la escenificación daba la sensación de que los políticos ya estábamos informados.

Tras la explicación del alcalde, el regidor Tillo tomó la palabra y defendió esta medida, aludiendo a las dudas que habían expresado los grupos de la oposición y con la voluntad de no hacer nada irregular. Posteriormente el regidor Ramos se dirigió a los trabajadores diciendo que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión. Que ERC siempre había opinado que ese dinero debía ser para los trabajadores y que el cambio se debía a una imposición del PSC, con la cual no estaban de acuerdo. Después hubo un intercambio de palabras acalorado entre la regidora de CIU, Valentina y los regidores del equipo de gobierno. Desde UPO no dijimos nada, porque era todo tan sorprendente que no hacía falta añadir nada.

Bien, pues aquí no se acaba la cosa. El viernes, 24 horas después de la reunión, un regidor del equipo de gobierno llamó a nuestro regidor. Y le dijo que estaban preocupados con el cariz que estaban tomando las cosas y que algunos partidos habían tomado la decisión de dar el dinero al portavoz de los trabajadores y que ellos lo repartieran como buenamente quisieran. Sin que conste en ningún lado. Es decir, preparar un sobre con unos cuantos billetes dárselo al portavoz y que ellos hicieran lo que quisieran, como si lo querían quemar (frase textual). Comentaba que solo quería informarnos de la decisión y que nosotros hiciésemos lo que quisiéramos. Le repetimos cual era la postura de UPO, que lo más apropiado era que nos retuvieran la parte correspondiente y que el Ayuntamiento hiciese lo que estimase oportuno.

Así pues, dado todo este proceso, desde UPO decidimos tomar la siguiente posición. Presentar una instancia en la cual nuestro regidor renuncia a la catorceava parte de sus ingresos durante el año 2012 (exactamente 28,5 euros. Recordemos que los regidores en la oposición sólo cobran por la asistencia a plenos y a la Comisión especial de Cuentas. 60 euros por pleno y 30 por la comisión). Pedíamos que este dinero fuese retenido en el próximo ingreso que debiera hacerse y que fuera destinada a una partida de gastos sociales.

De este modo damos por cerrado este capítulo. Aunque parece que pronto volveremos a hablar de este tema, ya que la extra de verano también ha sido anulada, ahora por parte de la Generalitat.

Cuestión de ética

En el pasado pleno celebrado el miércoles 28 de noviembre desde UPO pedimos la dimisión de la regidora de bienestar social. Aunque creemos que en el transcurso del pleno quedó clara cuál es nuestra postura, queremos, mediante este escrito clarificar cual es nuestra posición y cuáles son las motivaciones que nos han llevado a tomar esta decisión.

Durante los últimos meses se han celebrado varias convocatorias en el Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls para ocupar puestos de trabajo. Una de estas convocatorias estaba planteada para la contratación de un Trabajador subalterno con minusvalía, adscrito a la Brigada d’Obres i Serveis. Este era el único punto que presentó el PP en su programa y del cual hizo mucha propaganda y reivindicación durante la campaña, el debate y en las  diversas reuniones postelectorales que se celebraron en 2011.

Desde UPO siempre estuvimos a favor y apoyamos todas las iniciativas que se llevaron a cabo con la finalidad de facilitar la integración laboral de aquellas personas con mayores dificultades. Es algo que siempre hemos creído que es una de las obligaciones de las administraciones públicas. En la pasada legislatura fue un tema que se comentó en varias ocasiones y por diversos motivos nunca se llevó a cabo. Ahora, por fin se ha creado la plaza y se ha procedido a dicha contratación.

Nosotros consideramos que la creación de un puesto de trabajo reservado a personas con minusvalía ha de estar enfocado a la contratación de personas en grado de exclusión y con graves dificultades en la integración laboral. Entendemos que el Ayuntamiento y el resto de administraciones públicas han de dar ejemplo y reservar puestos de trabajo a personas de estos colectivos. La realidad, es que en Olesa de Bonesvalls la contratación de un trabajador con minusvalía ha sido resultado de una convocatoria pública, donde se ha vulnerado el espíritu que debe llevar consigo dicha plaza.

Evidentemente para considerar a una persona con minusvalía el documento acreditativo es el certificado de discapacidad, en el cual se indica el porcentaje de discapacidad que tiene cualquier persona. Pero al margen de estos documentos, existen percepciones colectivas sobre qué es un minusválido y a qué personas debe ayudar la administración cuando crea plazas de trabajo reservadas a colectivos con problemas de exclusión. No parece razonable que se contrate a una persona que solo unos pocos meses antes ha podido trabajar en una plaza abierta a todo el mundo. Creemos que al crearse una plaza de minusválido se piensa en aquellas personas que no pueden optar al resto de trabajos. Es por eso que se crea un puesto de trabajo con particularidades, creando una discriminación positiva, que entendemos que es necesaria en muchas ocasiones.

En nuestro posicionamiento durante el pleno y en este escrito no cuestionamos la legalidad del procedimiento llevado a cabo. Hablamos de ética y de cuestiones morales. Algo que desgraciadamente parece que se olvida demasiado cuando se habla de política. Desde nuestro punto de vista, en Olesa de Bonesvalls se ha traicionado el espíritu que trae consigo una plaza destinada a colectivos especiales, permitiendo la contratación de personas que optan, como se ha demostrado, a cualquier puesto de trabajo. Es por eso que creemos que la regidora de Bienestar Social y principal impulsora de esta plaza, ha fracasado y por eso creemos que debería dimitir inmediatamente.

Feina a Olesa

L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls ofereix dos llocs de feina per a la brigada municipal per aquest estiu.

Podeu trobar més informació, així com els requisits de la feina a la web de l'Ajuntament.

Clickeu aquí per saber més.

Doneu-vos presa que el termini de presentació de sol·licituts s'acaba el proper 20 de juliol.